Extienden presidencia de Zaldívar… y el Poder Judicial niega autoría

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El Senado aprobó prolongar hasta el 30 de noviembre de 2024 el encargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hasta 2026 el periodo de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pleno del Senado discutía la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se introdujo un transitorio aprobado por la mayoría de Morena junto con sus aliados, así como algunos legisladores de la oposición. La propuesta fue presentada por Raúl Bolaños, vicecoordinador del Partido Verde, y aprobada con 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, lo que hará posible que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, amplíe su periodo por dos años, pues iba a concluir su mandato en diciembre de 2022.

Después de la aprobación en el Senado, el CJF, encabezado por Zaldívar, emitió un comunicado en el que aclaró que la reforma no fue solicitada por el Poder Judicial.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer hoy (ayer) no fue elaborado por el equipo redactor ni tampoco fue solicitado por el Poder Judicial federal”, indicó.

En su postura oficial el Consejo hizo notar que la única prioridad del Poder Judicial es la reforma que consolide su autonomía e independencia.

Toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora, el CJF puntualizó que estará a la espera de lo que ésta determine para, en su caso, manifestarse al respecto.

Luz verde

El Pleno del Senado aprobó reformas para combatir los privilegios, la corrupción, el nepotismo, el hostigamiento y el acoso sexual en el Poder Judicial, que también prevén la inhabilitación hasta por 20 años de jueces, magistrados y ministros por la comisión de faltas graves.

Con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se contempla la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca dijo que estos instrumentos buscan fortalecer la estructura del Poder Judicial, dotándolo de los elementos que le permitan atender el reclamo de justicia de los mexicanos.

En tanto, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que la relevancia de esta reforma es indiscutible, ya que no solo se fortalecerá a la Corte en sus atribuciones, sino que se otorgará la posibilidad de concretar un modelo democrático y acorde con las exigencias de justicia social.

En su intervención, Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, dijo que con la expedición de estas leyes se consolidará un Poder Judicial mejor capacitado y más profesional y establece las condiciones necesarias para robustecer su independencia.

El senador del PAN, Damián Zepeda, advirtió que estas leyes tienen cosas “peligrosas”, pues concentran el poder en una sola persona; y precisó que en lo personal le preocupa el paso de tribunales unitarios a colegiados, porque es previsible que van a invadir al Poder Judicial.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, mencionó que este es un paso asertivo para fortalecer al Poder Judicial, “este paquete de reformas van a la reestructuración de la carrera judicial, de la disciplina judicial y, por supuesto, de los derechos también de los juzgadores”.

El emecista Juan Zepeda señaló que “se está gestando una nueva mafia del Poder Judicial, lo que tanto criticaban en el pasado, hoy lo están reeditando. Estos magistrados, jueces de distrito laborales, le van a deber el puesto a Zaldívar”.

De acuerdo con el documento avalado por los senadores, en el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que va desde la sanción económica; inhabilitación hasta por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la hacienda pública federal; suspensión de actividades hasta por 3 años, hasta la disolución de la sociedad respectiva.

En las normas se establece como una causal de responsabilidad administrativa expresa que quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para su discusión. ​

 

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