Reciben quejas recurrentes

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La Codhey buscará capacitar a policías de todo el estado

De 2020 y en lo que va de 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ya recibió poco más de 3,500 reportes de presunta violación de los derechos humanos y una vez analizados se abrieron 541 expedientes de quejas que están vigentes, manifestó el presidente de este organismo, maestro en Derecho Miguel Óscar Sabido Santana.

Fruto de las investigaciones de estos casos, la Codhey ya emitió 44 recomendaciones a las autoridades responsables, logró la sanción de 84 servidores públicos y lo principal, incidió en la sensibilización de muchos funcionarios públicos sobre la importancia de respetar los derechos humanos de las personas.

La mayoría de las solicitudes de intervención de la Codhey se concilian con ambas partes o desechan porque resultan del ramo administrativo, otros se turnan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque las acusaciones son contra funcionarios federales y se da vista a la Fiscalía General porque en el análisis y desahogo del proceso surgen elementos que configuran delitos.

Policías

A raíz de la denuncia del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, de 23 años de edad, contra policías municipales de Mérida por tortura y abuso sexual que ocasionó su fallecimiento, se entrevistó al maestro Sabido Santana sobre la frecuencia de estos delitos atribuidos a las policías de Yucatán.

“En el cúmulo de quejas que recibimos, los más señalados por violación de derechos humanos son las policías municipales y estatal”, destacó. “Más del 80% de las quejas son contra esos servidores públicos, pero mucho tiene que ver la actividad a la que se dedican porque hacen cumplir la ley y una persona que esté sujeta a una detención o intervención de la policía ve situaciones que considera como presunta violación de la legalidad, su seguridad jurídica, sus libertades, su integridad física y afectación de su propiedad”, indicó.

El ombusdman precisó que la ciudadanía considera una prestación indebida del servicio público de los policías, no se conducen conforme a lo que marca la normatividad para regular el trabajo policiaco, lo que dice la propia ley y reglamentos de las instituciones de seguridad y de justicia, no se conducen con profesionalismo, respeto, honestidad y cometen alguna irregularidad.

Principales quejas

Las principales quejas contra los policías yucatecos son por presuntas detenciones arbitrarias e ilegales, lesiones que ocasionan en los arrestos, despojo de pertenencias de los detenidos, amenazas, intimidación y allanamiento de morada porque ingresan a los predios sin la orden ministerial o judicial. Por la pandemia del coronavirus surgió un número importante de quejas por afectaciones a la libertad de tránsito de las personas, detenciones por circular a determinadas horas de la noche.

Por tener mayor población que otras ciudades y municipios de Yucatán y cuerpos policiacos más grandes, las policías estatal y municipal de Mérida son las que acumulan mayores quejas en los reportes. Sin embargo, también las policías municipales de Valladolid, Progreso, Kanasín, Motul, Hunucmá, Izamal y Tizimín tienen quejas en números significativos.

El número de solicitudes de intervención de la Codhey por parte de la ciudadanía es variable año con año, pero en promedio son de 2,000 a 3,000.

De ese número solo 1,000 o 1,500 son de competencia de esta dependencia y se integran de 300 a 500 quejas para investigar. La mayoría de las quejas son contra las corporaciones policíacas y así se ha mantenido durante los últimos años. Después le siguen quejas contra las dependencias de salud, educación y poder judicial.

La Codhey recibió en 2020 más de 2,500 solicitudes de intervención. Luego que valoraron y analizaron si es competencia o no (muchas veces las solicitudes de intervención son del ámbito privado y familiar) las canalizaron a otras instituciones si no son de su competencia. Cuando sí es competencia de la Codhey se integra expedientes de gestión y quejas directas, dependiendo de los hechos planteados.

Si es evidente la violación al derecho humano se turna a la visitaduría y se maneja como queja. Cuando no es tan grave se busca solucionar administrativamente y cuando se necesitan más elementos para acreditar la violación a los derechos humanos se abren expedientes de gestión.

En 2020 se integraron más de 1,000 expedientes de gestión y de allí surgieron 341 quejas y más del 50% fueron competencia de la Codhey. En el proceso de investigación de la queja privilegian la conciliación para la búsqueda de una solución, a veces se logra una sanción para la autoridad responsable, que indemnicen a la víctima, que capaciten a los funcionarios o los reubiquen de puesto y emiten recomendaciones sancionadoras.

Recomendaciones

En 2020 la Codhey emitió 30 recomendaciones que fueron dirigidas al Poder Judicial estatal, cabildos y alcaldes, fiscalía, policía estatal, Segey, Secretaría de Salud.

En 2021 de enero al día de hoy llevan aproximadamente más de 1,000 solicitudes de intervención, ya formaron unos 550 expedientes de gestión y 200 quejas para investigación. El 70% de los expedientes sí son de la competencia de la Codhey y el 30% no. Ha emitido 14 recomendaciones con las mismas variantes que en 2020. Los señalamientos más frecuentes contra las corporaciones policiacas son detenciones arbitrarias, amenazas, robo de objetos, retención ilegal, intimidación y agresiones en los arrestos.

“Es una constante esas quejas, hemos insistido mucho con las autoridades que respeten los derechos humanos”, señaló el ombusdman estatal. “Estamos armando un proyecto ahora que habrá el cambio de administración municipal en Yucatán. Queremos trabajar de la mano con los ayuntamientos, hemos firmado convenios de colaboración, podemos generar reuniones periódicas cada año para atender las quejas, capacitarlos en la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, capacitar a todos los policías y servidores públicos, tenemos un departamento de supervisión que hace visitas a las cárceles, podemos enseñarles a abrir quejas de oficio, poner denuncias, fijar carteles en las cárceles donde los detenidos conozcan sus derechos que manda la Constitución, los tratados internacionales, como tener derecho a un abogado, recibir una valoración médica, recibir agua para beber y alimentos, no despojarlos de sus ropas, tener vigilancia en la cárcel, tener comunicación con su familia. Vamos a Insistir en este trabajo coordinado ahora que iniciarán las nuevas administraciones municipales”, indicó.

De las 44 recomendaciones emitidas en los años 2020 (30) y 2021 (14), 35 fueron aceptadas hasta hoy, 9 no son aceptadas. Todas las recomendaciones aceptadas están en etapa de cumplimiento y algunas ya fueron cumplidas. El cumplimiento de la recomendación tiene un procedimiento de temporalidad porque a veces son propuestas de capacitación, adecuación de alguna ley o norma, de una indemnización, sanción al funcionario, entre otras medidas.

“Normalmente el 80 o 90% de las autoridades aceptan las recomendaciones de la Codhey, pero verificamos que de verdad las cumplan”, dijo. “Se dilatan un poco en cumplir la recomendación y hay que buscar mecanismos para que nos informen y prueben que cumplieron. Eso es lo que nos ha costado un poco más, pero estamos trabajando y requiriendo que demuestren que cumplen con apercibimientos”.

En 2020 lograron la sanción de 50 servidores públicos y en este año, de enero a julio llevan 34. Generalmente las sanciones son exhortos, reubicación de puesto, separación del cargo y destituciones.

De un vistazo

Recomendaciones

Del año 2020 y en lo que va de 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió 44 recomendaciones a las autoridades responsables.

Aceptadas

De las 44 recomendaciones emitidas en los años 2020 (30) y 2021 (14), 35 fueron aceptadas hasta hoy. Todas las recomendaciones aceptadas están en etapa de cumplimiento y algunas ya fueron cumplidas. Proceso

El cumplimiento de la recomendación tiene un procedimiento de temporalidad porque a veces son propuestas de capacitación, adecuación de alguna ley o norma, de una indemnización, sanción al funcionario, entre otras medidas.

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