Pasa a la Federación

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Se turnan quejas por anomalías de exfuncionarios

Parte de los procedimientos iniciados se remitieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República porque se detectó que los recursos involucrados eran de origen federal, por lo cual corresponderá a esa instancia determinar lo conducente en las investigaciones, señaló José Enrique Goff Ailloud, fiscal especializado en combate a la corrupción, al referirse a las denuncias contra exfuncionarios de la administración estatal que encabezó Rolando Zapata Bello.

“Estos procedimientos correspondían a operaciones irregulares efectuadas en las secretarías de Educación y de Desarrollo Rural, y que fueron detectadas por la actual administración estatal, por lo que será ahora esa autoridad quien deberá continuar las investigaciones y determinar lo que legalmente resulte conducente”.

El funcionario precisó que una de las carpetas de investigación remitidas a la Federación se envió porque así lo ordenó un Juez de Control en una audiencia en la que la Fiscalía Especializada solicitó autorización judicial para obtener información bancaria y fiscal de un proveedor y los exservidores públicos.

Sin embargo, refirió, el juzgador local consideró que en ese caso el sujeto pasivo era la Federación; por tanto, la competencia para conocer del asunto debía ser la Fiscalía Anticorrupción federal.

En contra de esa determinación, continuó el entrevistado, una de las partes procesales promovió una demanda de amparo, por lo que se espera que en próximas fechas sea el Poder Judicial de la Federación quien resuelva a qué fuero le corresponde el conocimiento del asunto, que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía federal.

La suma de los recursos vinculados a los procedimientos que han sido remitidos a la Fiscalía Anticorrupción federal asciende a 230 millones de pesos.

La SSY

En relación con la denuncia interpuesta en contra de exservidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud por la contratación de diversos estudios y servicios de alrededor de 150 millones de pesos, Goff Ailloud informó que está pendiente de resolverse por la vía del amparo la determinación judicial, en la que un Juez de Control local ordenó a la Fiscalía Especializada dictar el no ejercicio de la acción penal.

Sobre este caso el fiscal explicó que el juzgador consideró que ese asunto ya se encontraba prescrito al datar los hechos del año 2015, y al no tratarse de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado en su momento se estaba ante la ausencia de un requisito de procedibilidad.

“En este caso, fue la actual administración a través de la Secretaría de la Contraloría General la que interpuso la demanda de amparo en contra de esta determinación, juicio que por el momento sigue en proceso”, precisó.

Respecto a la denuncia interpuesta en contra de exservidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, relacionada con supuestas operaciones irregulares por la contratación de servicios de asesoría contable por un monto cercano a los 15 millones de pesos, Goff Ailloud señaló que se determinó el no ejercicio de la acción penal.

El fiscal explicó que una vez realizada la investigación y recibidos los informes solicitados a distintas autoridades, se corroboró que los servicios contratados sí fueron prestados, incluso se obtuvo un dictamen técnico de parte de la Auditoría Superior.

En él se señaló que, de acuerdo con información aportada por los imputados, misma que no tenían en su poder los denunciantes, se desprendía que sí se cumplió el objeto del contrato pagado y no existió quebranto patrimonial contra el erario estatal.

“Esa determinación ministerial fue impugnada por la actual administración ante el Poder Judicial local, pero el Juez de Control valoró el dictamen emitido por la autoridad fiscalizadora estatal en la audiencia correspondiente, así como los demás datos de prueba expuestos. Después de escuchar a las partes, resolvió confirmar el no ejercicio”, añadió.

Otro caso aún en investigación, prosiguió, es la denuncia contra exservidores públicos de la Agencia de Administración Fiscal del Estado por un monto de alrededor a 220 millones de pesos, que involucran la renovación de todo el procedimiento de recaudación fiscal estatal.

Dada la complejidad de los hechos y circunstancias vinculadas, expuso, se requieren diversas líneas técnicas de análisis y determinación, así como estudios periciales especializados.

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