Declina la competencia en los casos contra dos secretarías

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Se van a la fiscalía federal denuncias por corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción declinó continuar las denuncias presentadas por un monto de 230 millones de pesos, contra exfuncionarios de las secretarías de Educación y la de Desarrollo Rural, para que las continúe la instancia respectiva del ámbito federal por tratarse de recursos dados por la federación.

Entrevistado con relación a las denuncias interpuestas a principios de 2019, por la Secretaría de la Contraloría General estatal del gobierno del estado de Yucatán por un monto aproximado de 500 millones de pesos, Goff Ailloud informó que dentro de los avances en las investigaciones fue posible detectar que una parte los recursos presuntamente usados indebidamente pertenecían a la Federación.

“Ante esta situación se ha declinado la competencia en favor de la Fiscalía General de la República de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias contra la Segey y la Seder”.

Impugnación

José Enrique Goff Ailloud dijo que recientemente se determinó la acción no penal de una denuncia contra la Secretaría de Administración y Finanzas por 15 millones de pesos y la instancia que dirige procedió a impugnar la resolución.

La FGR revisaría posibles casos de corrupción locales

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán declinó continuar las denuncias presentadas por un monto cercano a 230 millones de pesos contra exfuncionarios de las secretarías de Educación y Desarrollo Rural, para que las continúe su homóloga en el ámbito federal, por tratarse de recursos federales.

Además se decretó la prescripción de otra denuncia que asciende a 150 millones de pesos de la Secretaría de Salud, contra lo cual ya se interpuso un amparo.

José Enrique Goff Ailloud, fiscal especializado en el combate a la corrupción, añadió que recientemente también se determinó la acción no penal de la denuncia presentada, por supuestas operaciones irregulares de la Secretaría de Administración y Finanzas por un monto de unos 15 millones de pesos y esta fiscalía procedió a impugnarla.

Entrevistado en relación con las denuncias que a principios de 2019 interpuso la Secretaría de la Contraloría General del gobierno del Estado por un monto de unos 500 millones de pesos, Goff Ailloud informó que dentro de los avances en las investigaciones fue posible detectar que una parte los recursos presuntamente utilizados en forma indebida pertenecían a la Federación.

Ante esta situación, continuó, hasta la fecha se ha declinado la competencia a favor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias interpuestas contra las secretarías de Educación y Desarrollo Rural, por un monto aproximado de 230 millones de pesos.

El funcionario explicó que en uno de estos casos hubo una audiencia ante un juez de Control local, en la que se ordenó remitir la carpeta a la Fiscalía federal.

A consideración del juzgador, el sujeto pasivo en ese caso era la Federación, al tratarse de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos federal y la capacidad para fiscalizar ese recurso correspondía a la Auditoría Superior de la Federación.

Ahora está bajo el análisis de un juez de Distrito por la vía del amparo.

El sector salud

Respecto a la denuncia interpuesta contra los Servicios de Salud por alrededor de 150 millones de pesos, sobre servicios y estudios proporcionados a esa dependencia por diversos proveedores, el fiscal informó que durante la investigación inicial la defensa y los imputados solicitaron determinar el no ejercicio de la acción penal ante el Ministerio Público especializado.

Esa solicitud les fue negada, por lo que en su contra promovieron un medio de impugnación ante un juez de Control, quien en audiencia consideró que, de acuerdo con el Código Penal vigente en la época de los hechos, éstos ya se encontraban prescritos al datar de 2015.

Adicionalmente habían pasado por procedimientos de fiscalización sin que se hubiese detectado alguna irregularidad.

Por ese motivo, prosiguió el declarante, el juez ordenó decretar el no ejercicio de la acción penal por prescripción y falta de requisito de procedibilidad de la denuncia ante la falta de señalamiento de la autoridad fiscalizadora.

“Contra esta determinación, la Secretaría de la Contraloría General del gobierno del Estado inició un juicio de amparo a través de la demanda correspondiente, mismo que se encuentra en trámite y en el que se otorgó la suspensión definitiva para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, por lo que se está a la espera de la sentencia correspondiente”, precisó.

En otro asunto relacionado con las denuncias interpuestas por la Controlaría, pero vinculado a supuestas operaciones irregulares de la Secretaría de Administración y Finanzas por un monto de 15 millones de pesos, Goff Ailloud informó que derivado de las investigaciones e informes solicitados a distintas autoridades, hace poco se determinó el no ejercicio de la acción penal.

El fiscal explicó que lo anterior fue porque en la información aportada por las partes durante la integración de la carpeta de investigación, y que los denunciantes no tenían al momento de interponer la denuncia, se pudo corroborar que los servicios que habían sido contratados sí fueron prestados.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Pesquisas Corrupción

Otras precisiones del fiscal especializado en combate a la corrupción de Yucatán.

Dictamen

Se obtuvo un dictamen técnico por parte de la Auditoría Superior del Estado en el cual se señaló que, según la información aportada por los imputados, se desprendía que se cumplió el objeto del contrato que fue pagado y no existió quebranto patrimonial contra el erario estatal.

Recurso

“En contra de dicha determinación la Contraloría estatal, por conducto de su asesor jurídico, interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ahora será al juez de control al que le corresponda confirmar o revocar la resolución emitida por esta autoridad ministerial”, afirmó José Goff Allioud.

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