Golpe a la mafia agraria en Yucatán: invalidan cesiones de tierras

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La mafia agraria que opera en Yucatán recibió severo golpe con recientes resoluciones que le socavan millonario negocio y, paralelamente, abren una ventana de esperanza a miles de familias afectadas por especuladores y traficantes de tierras.

Se trata de dos acuerdos del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, relacionados con el ejido de Kanasín y el llamado Grupo Tabasco, que tuvo como una de sus cabezas visibles a José Manuel Saiz Pineda, extesorero del gobierno tabasqueño procesado judicialmente por peculado y otros ilícitos.

Las resoluciones, una de las cuales ya quedó firme y ha causado ejecutoria, declaran nula  la asamblea en que el ejido de Kanasín cedió tierras a Saiz Pineda y Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría.

Como si se vendiera una deuda

Posteriormente éstos vendieron esos “derechos” a otra empresa y así, al margen de la ley, se fue transfiriendo la superficie en la que hoy están asentadas más de 7,500 familias, buena parte de ellas desde hace cuatro décadas.

Estas familias no tienen títulos de propiedad debido a la confabulación del ejido de Kanasín con empresarios y políticos. Lo único que prueba la posesión de sus lotes son oficios firmados por anteriores directivas del comisariado ejidal.

Operaciones sin validez jurídica

La importancia de las sentencias del TUA es que, al declarar nula  la asamblea  en que se cedieron tierras a los empresarios ya citados, todas las operaciones siguientes a ese acto –incluyendo la venta y reventa de los terrenos a otros grupos empresariales– se desploman, es decir, ya no tienen efecto legal.

Los acuerdos solo benefician a tres particulares –los que promovieron las demandas–, pero anticipan el camino que podrían seguir otras denuncias  similares.

De acuerdo con documentos ambas resoluciones fueron emitidas por la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz el 9 de marzo pasado, dentro de los expedientes TUA 34-1049/2013 y TUA 34-001/2018.

El segundo causó ejecutoria el lunes pasado y quedó archivado, luego de que transcurrió “en exceso el término para interponer medio de impugnación alguno”. El tribunal giró oficio al Registro Agrario Nacional (RAN) para que dé cumplimiento a los términos y cancele la inscripción anterior.

La sentencia correspondiente al expediente de 2013 aún no causa ejecutoria porque, según se averiguó, la parte demandada interpuso un recurso que está en desahogo.

Danza de varios millones de pesos

Las sentencias echan por tierra el móvil de una operación por la cual el llamado Grupo Tabasco, según versiones públicas, pagó 6.5 millones de pesos al Comisariado Ejidal de Kanasín en 2010.

No obstante, durante los juicios salió a la luz que en realidad el ejido recibió 17 millones de pesos por la cesión de más de 628 hectáreas.

Esa suma se entregó a cambio de tierras que, una vez “regularizadas” y vendidas a quienes tienen la posesión otorgada por el propio ejido, le redituarían a los empresarios una cantidad hasta doce o trece veces mayor.

Cadena de procesos amañados

Personas vinculadas con la rama inmobiliaria detallan el modus operandi de la mafia agraria incrustada en este sector: surgen empresarios o un grupo empresarial interesado en ciertas tierras, se acercan al comisariado ejidal y convencen a éste, con dinero, para que organice asambleas en las que se modifica el destino de grandes áreas de terreno.

De esta forma ya se pueden vender las tierras a particulares, que previamente son declarados “avecindados” o ejidatarios en procesos también amañados.

Otra expresión en colonias meridanas

Como hemos informado, en los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre afloró otra expresión de la mafia agraria que tiene en zozobra a cientos de vecinos que, como en el caso de Kanasín, habitan en sus propiedades desde hace muchos años.

En este último caso asoma la complicidad de especuladores y traficantes de tierras con empleados –algunos ya fuera del servicio público– del TUA, del Registro Agrario Nacional (RAN)y de la Procuraduría Agraria.

En un acuerdo sin precedente, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Mérida exhibió numerosas irregularidades  de ejidatarios de Chuburná, coludidos con personal de las mencionadas dependencias, para reclamar como suyas las tierras de esos fraccionamientos con el único propósito de exigir dinero a los colonos.

Con ese acuerdo, el Tribunal decidió agrupar en un solo paquete los 203 juicios a que se enfrentan los colonos, lo cual permitirá a éstos defenderse de un juicio basado en hechos evidenciados como ilegales.

Antiguo negocio con el ejido

El caso de Kanasín es diferente. Durante muchos años, las directivas en turno del Comisariado Ejidal otorgaron la posesión –legalmente no pueden vender, pero hacían cesiones a cambio de dinero– de miles de lotes a particulares.

Con el paso del tiempo, las autoridades municipales y dependencias estatales y federales construyeron infraestructura en esas áreas, la mayoría convertidas ya en las colonias Francisco Villa Oriente, San Camilo, Flor de Mayo, Mulchechén, El Cerrito y Santa Rosa.

La desaparecida Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), inició un proceso de regularización de las propiedades.

Súbita aparición de una empresa

De pronto se truncó todo el procedimiento, porque asomó el nombre de un propietario de esas tierras: Patrimonio Kanasín.

Oficialmente esta empresa adquirió los terrenos a Saiz Pineda, que a su vez los había adquirido directamente del ejido junto con Antoni Israel Osorio Loría. Para concretar la operación, ambos fueron declarados “ejidatarios”.

En el papel, Patrimonio Kanasín adquirió 176 hectáreas –menos de la tercera parte de la superficie que en realidad obtuvo el Grupo Tabasco– y su estrategia consistía en ofrecer a los posesionarios la regularización de los lotes previo pago de 54 pesos, en números redondos, por metro cuadrado. Las ganancias ascendían a varios millones de pesos en corto tiempo.

El objetivo de la empresa era regularizar al menos 6,000 terrenos. Su argumento es que de esta manera llegaría a su fin la incertidumbre de numerosas familias que “tienen el temor de perder su casa” y no saben a qué municipio pertenecen, Mérida o Kanasín.

Acta constitutiva de la empresa Patrimonio Kanasín, que adquirió varias hectáreas del ejido de Kanasín para revenderlas a sus posesionarios

Origen de protestas vecinales

La aparición de Patrimonio Kanasín, cuyo asesor legal era el subprocurador Rafael Acosta Solís, generó protestas y plantones de los vecinos afectados. Al día de hoy hay denuncias pendientes de resolución en las instancias agrarias.

El comisariado ejidal de Kanasín vendió los terrenos a pesar de que sabía –lo cual luego negó– que éstos ya tenían posesionarios, incluso reconocidos como tales en constancias expedidas por las autoridades ejidales de entonces.

¿Quiénes están detrás?

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el acta de constitución de Patrimonio Kanasín fue inscrita en esa dependencia el 5 de junio de 2012.

El objeto social principal de esta empresa es “la enajenación total de los lotes que mediante diversas asambleas del ejido de Kanasín fueron asignadas a diversas personas, con la finalidad de regularizar las detenciones irregulares de los asentamientos humanos y resolver así una problemática social dentro del ejido de Kanasín, municipio de Kanasín…”

Sus accionistas originales fueron tres empresas, representadas por consejeros: Desarrollos RDG, Bienes Raíces Soprime y Grupo Hogare, en los tres casos sociedades anónimas de capital variable.

Los consejeros, con facultades para actos de dominio, administración de bienes y asuntos judiciales, fueron: Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez (presidente del consejo de administración), Lorenzo de Jesús Medina González, Rommel Daniel Sánchez Angulo, Silvio Alejandro Díaz Gutiérrez, Esteban José Correa Bolio y José Filiberto Koyoc Borges.

Diego Armando Medina Lugo fue designado apoderado general.

Últimas operaciones registradas

Posteriormente Grupo Hogare cambió su denominación a Vive Peninsular, S.A. de C.V. Su administrador único es Juan Manuel Ponce Díaz.

Según la última acta de Patrimonio Kanasín inscrita en el Registro Público de la Propiedad, el 8 de junio de 2017, Desarrollos RDG vendió la totalidad de sus acciones a Vive Peninsular.

Oficialmente, como señalamos antes, Patrimonio Kanasín había adquirido las tierras ejidales de Saiz Pineda y Osorio Loría. Como éstos fueron los que recibieron los lotes en asamblea ejidal celebrada el 26 de diciembre de 2016, la nulidad declarada por el Tribunal Agrario involucra a los compradores originales e invalida cualquier operación posterior, aun cuando se trate de otra empresa con la cual Patrimonio Kanasín haya realizado negociaciones.

Las primeras resoluciones desde 2013

El Tribunal Unitario Agrario ha recibido numerosas demandas ligadas a este asunto. Sus anteriores magistrados nunca emitieron resoluciones, de tal forma que las dos de marzo pasado, ya con la abogada Ochoa Muñoz, son las primeras.

Uno de los acuerdos recayó en el expediente TUA 34-001/2018, promovido por Evelio Palomo Baas. Éste demandó al núcleo agrario de Kanasín por la asignación de una superficie a favor de Saiz Pineda y Osorio Loría.

Palomo Baas resulta afectado porque la superficie que reclama, de cerca de dos hectáreas y media, está inmersa en la parcela 397, cedida por el ejido a los ya mencionados en la asamblea del 26 de diciembre –un día después de la Navidad– de 2010.

A la primera audiencia de ley asistieron los directivos ejidales en turno. Se citó también, pero no acudieron, el extesorero tabasqueño y su socio.

Cambio de destino de la tierra

Para concretar la sesión a los particulares, el núcleo agrario autorizó el cambio de destino de la tierra para crear varias parcelas, entre ellas la 397, que abarcaba la superficie de Evelio Palomo.

El promotor de la demanda señala dolo del ejido, porque en la misma asamblea de diciembre de 2010 reconoce que esas tierras ya tenían posesionarios e, incluso, estaban urbanizadas.

Se incluye un acta de la asamblea que textualmente dice lo siguiente: “Actualmente hay una superficie de seiscientos veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, treinta punto trescientos noventa y cinco centiáreas de tierras de uso común que están siendo ocupadas por personas sin calidad agraria y sin que la asamblea general de ejidatarios les haya autorizado el uso de dicha superficie…”

Se agrega que “los gobiernos estatales y municipales” les han instalado a esas tierras “infraestructura sin revisar a quienes les pertenecen…”, lo cual genera “un complejo problema, pues hay más de siete mil lotes irregulares ocupando tierras (sic) del ejido, el cual no ha recibido contribución alguna”.

En la resolución se cita que el ejido recibió, por el cambio de destino y asignación de más de 628 hectáreas, nada menos que 17 millones de pesos.

Un acto de mera simulación

“El cambio de destino de tierras de uso común al área parcelada y la asignación de esas tierras… constituye un acto simulado…, porque lo que se llevó al cabo fue la venta de dicha superficie de tierras de uso común”, señala la sentencia de la licenciada Ochoa Muñoz.

Este ardid se concretó a pesar de que la propiedad de las tierras de uso común es “inalienable, imprescriptible e inembargable”, según se recuerda en el expediente.

En la resolución, la magistrada declara la nulidad de la asamblea del 26 de diciembre de 2010 “única y exclusivamente en cuanto a la asignación de la parcela 397”, donde se encuentra la superficie que  reclama Palomo Baas.

Al causar ejecutoria este acuerdo, la semana pasada, se ordenó girar al Registro Agrario Nacional un oficio para pedirle que cumpla los términos de la decisión e inscriba la propiedad a nombre del demandante.

Otra resolución, el mismo sentido

En el mismo sentido está la resolución del expediente TUA 34-1049/2013, relativo a una acción de nulidad promovida por José Manuel Lizaola Hernández y Eddie Zapata Medina contra el núcleo agrario Kanasín, Saiz Pineda y Osorio Loría, la delegación del RAN en Yucatán, la dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Insejupy y la dirección de Catastro Municipal de Kanasín.

Los promoventes reclamaron la nulidad del acta por la asignación a Saiz Pineda y Osorio Loría de la parcela 395, como parte de las 628 hectáreas que mencionamos antes.

En la audiencia inicial de ley comparecieron de nuevo las autoridades ejidales en turno y también estuvo presente Osorio Loría, con sus asesores jurídicos correspondientes.

Lizaola Hernández reclamó la posesión de poco más de 18 hectáreas y Zapata Medina hizo lo propio por una hectárea y 19 áreas. En ambos casos están dentro de la parcela 395 vendida al Grupo Tabasco.

Después de invocar preceptos legales y jurisprudencias, la magistrada Ochoa Muñoz también declara la nulidad de la asamblea ejidal de diciembre de 2010 únicamente en lo que se refiere a la parcela 395.

Documentos nulos también

Por lo tanto, también se declaran nulos dos títulos de propiedad expedidos el 25 de septiembre de 2012 por la delegación del RAN a favor de Saiz Pineda y Osorio Loría, así como de todos los documentos que de ellos se deriven.

También se reconoce la posesión y titularidad de esas superficies a favor de los demandantes y se solicita al RAN que expida los certificados relativos.

Se hace hincapié en que, una vez que la sentencia cause ejecutoria, se deberá remitir copia certificada al Registro Público de la Propiedad para que haga las anotaciones correspondientes a la parcela 395.

Este acuerdo, como ya indicamos, aún no ha causado ejecutoria por un recurso que está en estudio.

Hace unas semanas, familias de Kanasín acudieron a la sede del tribunal para externar su apoyo a la magistrada Ochoa Muñoz en sus denuncias contra la operación de una mafia agraria en Yucatán.

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